(Expansión, 31 de enero de 2007)

Durante estos días se ha proyectado en la televisión alemana una miniserie titulada 2030-La rebelión de los viejos. El guión muestra cómo la situación demográfica de los países occidentales obliga a los gobiernos a maquinar la eliminación silenciosa de los ancianos, para disminuir el gasto público a la vista de unas arcas casi vacías. Protagoniza la serie una valiente periodista que investiga y desenmascara esa trama criminal. La película ha suscitado un considerable debate en el país, planteando de nuevo las consecuencias de la disminución de la natalidad y el envejecimiento de la población.

Ese debate lleva abierto ya mucho tiempo en el país más envejecido del mundo, Japón, donde los mayores de 65 años superan ya en número a los menores de veinte, algo que pronto sucederá también en Occidente. El último episodio sonado de esa discusión lo constituye la publicación de un informe gubernamental que pronostica nada menos que la extinción del pueblo japonés para el año 3.200. La gráfica que expresa esa tendencia se ha convertido en un auténtico hit en la opinión pública.

No es dificil convencer a la opinión pública 

Echamos de menos el frío y la nieve, y no solo porque no podemos esquiar, pero el invierno demográfico llega puntual a la cita, tal como nos venían anunciando los expertos (la demografía es una ciencia que permite formular pronósticos muy fiables, aunque no sé si tanto como en el caso japonés, para el horizonte de más de un milenio). El Estado del Bienestar, que asegura generosas prestaciones y subsidios, se ve incapaz de atender a una bolsa de población creciente. Es verdad que los prejubilados de 50 o 60 años se encuentran en plena forma y disponen de casi veinte años por delante -y de dinero- para disfrutar. Pero finalmente enfermarán y morirán, y en ese tramo final de su vida requerirán abundantes cuidados y provocarán un elevado gasto sanitario. El ahorro sería fabuloso si la vida de esas personas pudiera acortarse tan solo un par de años. No me parece casual que precisamente en estas circunstancias se plantee la regulación de la eutanasia. En un mundo tan economicista como el nuestro, cualquier medida racionalizadora del gasto contará con la aprobación inmediata y entusiasta de los gestores, aunque sea al precio de la eliminación de un sector considerable de las denominadas clases pasivas. Hay recursos de sobra conocidos para conseguir que la opinión pública acabe aceptando esa práctica homicida.

Alejandro Navas