La Gaceta de los Negocios, 3 de marzo de 2007

Madrid. Inmaculada Echevarría, la mujer que padece una distrofia muscular progresiva, será desconectada por sus cuidadores. La mujer, de 51 años y que solicitó que le retiraran la ventilación mecánica que le mantiene con vida, “seguirá siendo atendida en el Hospital San Rafael”, como expresó ayer el propio centro a través de un comunicado.

Las direcciones del Hospital Universitario San Cecilio y del Hospital San Rafael de Granada se reunieron el viernes, un día después de que se conociera el dictamen del último informe del Consejo Consultivo de Andalucía, y tras conocer que el Gobierno andaluz no va a solicitar más informes jurídicos ni médicos. Este órgano dejó las manos libres a los médicos, al garantizarles que no habrá castigo penal por retirar el respirador de la paciente.

El visto bueno legal se sumó a las últimas resoluciones de los comites éticos, que dejaban vía libre a la voluntad de la enferma. Una vez concluido el análisis ético y jurídico del caso, “las actuaciones que se lleven a cabo a partir de ahora por los profesionales sanitarios a cargo de la paciente deben encuadrarse en el más estricto marco de la confidencialidad y privacidad que corresponden a la relación entre médico y paciente”, señala el hospital en un comunicado.

La nota difundida ayer despejó la duda de dónde pasaría la enferma sus últimas horas. El Hospital de San Rafael pertenece a la orden religiosa de San Juan de Dios, por lo que la propia paciente había manifestado su preo-cupación de que no se accediera a su voluntad de ser desconectada de la máquina. No obstante, la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, aseguró el jueves que era poco probable que el propio centro o los médicos que la tratan presentaran alguna objeción al dictamen del Consejo Consultivo.

Las direcciones de ambos hospitales solicitaron en el comunicado “el máximo respeto a la dignidad e intimidad” de Inmaculada, como respuesta a la “repercusión social” que ha despertado el caso de la mujer como medio para reabrir el debate sobre la eutanasia.

No es eutanasia
Para algunos expertos de diversos campos, no obstante, este caso no guarda ninguna relación con el suicidio asistido. Para el catedrático de Filosofía del Derecho Andrés Ollero Tassara, “se trata de un consentimiento informado para dejar de recibir una respiración asistida, conociendo las consecuencias, y estando en condiciones jurídicas de emitir esa declaración de voluntad”.

El profesor equipara el caso de Inmaculada con la negativa de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de sangre, pero insiste en que “no tiene nada que ver con la eutanasia”.

“En este tipo de polémicas se juega con las palabras y es obvio que hay intentos de crear estados de opinión con casos que no tienen nada que ver con la penalización o despenalización de la eutanasia”, señala. Y recuerda que la doctrina jurídica de nuestro país y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo no ofrece ninguna duda sobre la ilegalidad de la eutanasia.

La dirección del centro, en el que la paciente ha permanecido ingresada los últimos 10 años, se negó a comentar cualquier aspecto relacionado con el momento señalado para la desconexión.

El profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Complutense, José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, con respecto al dictamen del Consejo Consultivo andaluz que avala la petición dela paciente de ser desconetada del respirador que la mantiene con vida, considera que el Consejo "ha entendido que se trata de un caso vinculado al consentimiento informado de una paciente en relación con un medio terapéutico que ella no desea". Serrano considera que, al igual que una persona podría negarse a que se le colocara el resporador, Inmaculada puede pedir su retirada, "siempre que se garantice la voluntariedad y consciencia de esa petición", concluyó.