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Jueces para la Democracia se suma a la campaña que pide la despenalización de la eutanasia |
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(La Razón, 13 de marzo de 2007)
La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) se ha sumado a la
campaña de distintos sectores que abogan por despenalizar la eutanasia,
sobre todo a raíz de los fallecimientos de una mujer en Granada y otra en
Alicante, por lo que solicita que se lleven a cabo las pertinentes
reformas legislativas, dado que existe un «vacío legal que no da respuesta
a los numerosos interrogantes éticos y jurídicos que la ciudadanía
plantea» en este tema. Estos jueces parten de la premisa de considerar que
el derecho a la vida «no siempre puede considerarse inviolable, sino que
es susceptible de ponderación cuando entra en colisión con otros
intereses, pues la vida no es ajena a su cualidad de vida libre, digna,
personal y querida por su titular».
JpD sostiene que es
necesario reformar el Código Penal en lo relativo a la eutanasia, dentro
de un marco de «dignidad y libre voluntad de la persona», que debe partir
de que «la petición expresa y seria de morir de un ser humano ha de ser
atendida, de forma que su consideración ha de sobreponerse a cualquier
valoración positiva que pueda merecer la continuidad de su vida».
Una vez atendida la «libertad del sujeto», JpD alude a que, en segundo
lugar, «habrá de asegurarse la libertad con que ésta es emitida» y, en
tercer lugar, «no cabrá la suplantación de la voluntad del paciente». Esa
«voluntad» deberá ser emitida, con carácter general, «por persona libre y
plenamente responsable, de manera expresa, fehaciente y actual, y ante la
presencia de, al menos, dos testigos que, en ningún caso, puedan ser
beneficiarios de la muerte o continuidad de la vida».
Sobre la
actividad médica en pacientes que buscan «liberarse del padecimiento
insufrible y que no puede aliviarse» al estar en situaciones concretas, la
asociación sostiene que «los límites del deber de tratamiento no pueden
estar determinados sólo por las posibilidades técnicas del mantenimiento
de la vida». Por contra, añade, «ha de fundamentarse en una finalidad
curativa, incompatible con estados irracionales y degradantes de
mantenimiento y prolongación de la existencia».
Por ello,
JpD defiende que «la decisión de poner término a la supervivencia
artificial de un coma irreversible deberá carecer de relevancia penal», es
decir, quedar impune. Así, concluye que debe propiciarse un «debate
social» y que el legislador debe asumir la «necesidad» de reformar una
legislación «restrictiva», «a fin de reconocer la existencia del derecho a
la disponibilidad de la propia vida, con las condiciones y cautelas que se
requieran».
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