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La mala praxis no condena, pero sí debería inhabilitar |
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(El Mundo, 23 de junio de 2007)
El caso de las sedaciones
irregulares denunciadas en el Hospital Severo Ochoa de Leganés quedó ayer
sobreseído porque, aunque el juez señala que hubo «mala práctica médica», eso
no permite probar que las muertes de los pacientes fueran provocadas «directa»
y «exclusivamente» por los fármacos administrados. Sólo unas completas
autopsias efectuadas tras las muertes hubiesen podido servir para probar
responsabilidad criminal, y de ahí que el caso quede archivado.
Resulta vergonzoso que el PSOE y
los sindicatos hayan utilizado de inmediato esta resolución para pedir a
Aguirre «responsabilidades» y que Manuel Lamela no vuelva a ocupar un cargo
relevante, porque si algo deja claro el auto es que el entonces consejero de
Sanidad actuó correcta y diligentemente al suspender cautelarmente al responsable
de Urgencias, José Luis Montes, y destituir a los directivos del centro.
La descripción que la resolución
judicial hace de las prácticas de los responsables de dicho servicio es
demoledora. Señala que en algunos casos no se efectuó un estudio clínico
suficiente de los pacientes antes de proceder a su sedación, y que esa falta de
diagnóstico es precisamente una de las razones por las que no puede saberse si
la sedación fue la causa de la muerte.
Afirma que queda demostrado que
las sedaciones incrementaron innecesariamente el riesgo de muerte de los
pacientes, que tenían enfermedades graves pero no terminales; Se trataba de
ciudadanos susceptibles de tratamiento y, «si tenían alguna posibilidad de
superar el evento que generó el ingreso, ésta fue suprimida por la sedación,
que eliminó la expectativa de su pervivencia».
Se reitera que en varios casos
las dosis fueron excesivas, por la cantidad y por el tiempo durante el que
fueron administra das. Que se suministraron sin un dolor agudo que las
justificara. Que se mezclaron medicamentos potencialmente peligrosos.
De ahí que resulte asombroso que
quienes han hecho del caso una bandera política contra el PP sostengan ahora
que la Justicia les ha dado la razón. En todo momento, el juez hace patente que
«hay una duda que no puede despejarse»: si los pacientes murieron o no por las
sedaciones. En todo caso, queda probado que éstas fueron indebidas y
peligrosas.
Es la responsabilidad penal la
que de momento ha quedado descartada, pero queda pendiente la responsabilidad
deontológica. Le corresponde al Colegio Médico de Madrid emitir un dictamen
público contundente, además de retirar la colegiación a los implicados, de
forma que ningún paciente vuelva a sufrir las consecuencias de sus prácticas.
No da pie al optimismo que esta institución emitiera ayer un comunicado en el
que simplemente se congratulaba de que no se hubiera encontrado responsabilidad
penal. Es el corporativismo mal entendido de cubrir las malas prácticas el que
perjudica la credibilidad de la profesión médica, y no actuaciones como las de
la Comunidad de Madrid, que puso como prioridad los derechos de los pacientes.
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