(ABC, 15 de marzo de 2005). Piden su retorno y anuncian huelga en el centro madrileño si no se produce.

La plantilla del Hospital Severo Ochoa de Leganés exigió ayer a la gerencia del centro y a la Consejería de Sanidad de Madrid la «inmediata reincorporación» del coordinador de urgencias, Luis Montes. Este médico ha sido relevado «temporalmente» de sus funciones tras una denuncia anónima que le relaciona con la muerte de entre 17 y 43 pacientes terminales por efectos de la sedación, aunque llega a hablar de hasta 400 fallecimientos.

Los trabajadores del centro hicieron públicos ayer dos comunicados. Uno de la junta de personal del hospital, tras una asamblea que reunió a la mitad de los 1.400 empleados. Otro, de los jefes de servicio y clínicos, avalado por 350 facultativos. Ambos comparten la misma idea: «inmediata reincorporación» del afectado.

La junta de personal fue más allá. Su presidenta, Isabel Serrano, anunció la convocatoria de una huelga o de un paro si antes de las 14 horas de hoy la gerencia del hospital y la Consejería de Sanidad no permiten la vuelta a su puesto de trabajo del coordinador de urgencias y no publican una nota aclarando el problema ante la opinión pública. La junta ha reclamado una reunión urgente con el gerente del hospital, Adolfo Bermúdez de Castro, y con el consejero, Manuel Lamela. En su lugar, acudirán el director de Recursos Humanos y la del Servicio Madrileño de Salud.

Médicos y personal sanitario han dado su apoyo al hasta ahora coordinador de urgencias. En la nota firmada por 350 facultativos se manifiesta «nuestro apoyo y solidaridad al servicio de urgencias, así como nuestro más absoluto rechazo al cese del coordinador, que ha sido realizado cumpliendo órdenes de la Consejería de Sanidad». A su vez, los médicos aseguran que «la mortalidad en este hospital es inferior a la del resto de hospitales de similares características».

Piden la dimisión del consejero

La junta de personal pidió «la dimisión de los responsables de cesar temporalmente al coordinador de urgencias y vulnerar su presunción de inocencia y obviar los resultados de las auditorías previas», es decir, del gerente del hospital, Bermúdez de Castro, y del consejero de Sanidad, Manuel Lamela. Para la junta de personal, «es responsabilidad de la Consejería la investigación de las filtraciones de datos de pacientes que se han producido». Los médicos también incluyen este aspecto en su declaración, al demandar a Lamela que investigue la autoría de la denuncia «y depure las responsabilidades consiguientes».

La denuncia, remitida a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, incluye datos privados de los pacientes tratados en el urgencias, nombres, sintomatología y medicación, extraídos de sus historias clínicas. Los facultativos creen que es una «flagrante violación de los derechos de los pacientes y de todos los profesionales de este hospital».

A esta cuestión se remitió el presidente de la Organización Médico Colegial (OMC), Guillermo Sierra, para quien «es grave que haya salido a la luz pública información clínica de los pacientes». Sierra se refirió a la necesidad de respetar el «principio de inocencia» del coordinador de urgencias del hospital madrileño y se mostró sorprendido porque «haya salido su nombre». La OMC ha pedido al Gobierno madrileño que investigue «la salida de documentos del hospital» para garantizar a los pacientes que «su información no esta en manos de cualquiera». Sierra opina que habría que reintegrar en su cargo a Luis Montes «si no hay datos suficientes para mantenerlo apartado, porque es un profesional al que se le ha hecho daño. Si no tiene culpabilidad alguna después, va ser muy difícil devolverle su honorabilidad».

La Defensora del Paciente de la Comunidad de Madrid, Margarita Retuerto, anunció ayer que han atendido a más de veinte familiares de pacientes «preocupados» por la «alarma social». A su vez, insistió en que, con independencia de la investigación en marcha, ha habido «una clarísima vulneración del derecho constitucional a la protección de datos a la salud», informa Ep.

Lamela justificó ayer su decisión de relevar temporalmente de su cargo al coordinador de urgencias debido a que «el principio de precaución y de garantía de los intereses generales nos ha llevado a adoptar una decisión de prudencia en favor de los ciudadanos». Para Lamela, este hecho «no presupone en modo alguno que se trate de criminalizar ni de no garantizar la presunción de inocencia». El consejero anunció que se investigará la revelación de expedientes sanitarios amparados por el deber del secreto, informa Efe.