NUEVA YORK. El Tribunal Supremo de Estados Unidos declinó, sin comentarios, intervenir para que se invalidara la decisión adoptada el viernes por un juez de que se le retirara el tubo por el que Terri Schiavo recibe alimentos desde que hace quince años entrara en coma vegetativo. Fue el penúltimo coletazo de un caso que lleva litigándose desde hace siete años y que se ha convertido en el eje de una ruidosa batalla política en el Congreso.

Los republicanos intentaron que el Supremo interviniera para que se protegiera a una testigo a la que -a pesar de que no puede hablar, y según los médicos ni sentir ni recordar- se había citado a declarar ante los legisladores el próximo 28 de marzo. El abogado de Michael Schiavo, que defiende el derecho a dejarla morir frente a la opinión de sus padres, que creen que responde a los estímulos, acusó a congresistas de ambos partidos de inmiscuirse en el asunto y vulnerar las libertades civiles con el objeto de cosechar votos.

A pesar de que el juez George W. Green -que al frente del tribunal de Pinellas-Pasco, en Florida, es el titular del caso desde 1998- desestimó la intromisión del Congreso, activistas «pro vida» se congregaron a las puertas del hospicio donde Terri Schiavo, de 42 años, tardará unas dos semanas en morir mientras congresistas republicanos y sus padres prometieron agotar todas las vías legales posibles para que el tubo por el que recibe agua y alimento le sea reconectado, lo que ya ha ocurrido en el pasado en dos ocasiones. Los médicos obedecieron la orden del juez Green y desconectaron el tubo a pesar de la andanada de declaraciones y movimientos políticos.

Especialistas en derecho como el profesor Charles Fried, de la Universidad de Harvard, que trabajó para el Gobierno de Ronald Reagan, calificó ante el «New York Times» las citaciones emitidas por el Congreso de «vergonzosas», y añadió: «Es abusivo y desgraciado. Incluso un senador tiene la obligación de usar su poder honestamente».

Motivaciones políticas

Las citaciones tienen como misión recabar testimonio en un tribunal o en una audiencia del Congreso, y como es un crimen federal dañar a una persona llamada a declarar, los congresistas republicanos han recurrido a la medida sabiendo que en cualquier caso Shiavo jamás podría declarar. Frente a la opinión de los padres, varios equipos médicos han recalcado que los daños que sufrió en su cerebro a los 26 años, cuando sufrió una parada cardiaca y dejó de recibir oxígeno, eran irreversibles.

Legisladores de ambos partidos han justificado sus esfuerzos de última hora como una cuestión de derechos fundamentales, pero las motivaciones políticas saltaban a la vista de numerosos comentaristas.

Tom DeLay, el líder de la mayoría republicana en la Cámara Baja, que había eludido toda la semana los objetivos de las cámaras que querían conocer su opinión sobre las nuevas acusaciones de vulneración de las normas éticas del Congreso en cuanto a viajes y grupos de presión, salió a la palestra para calificar la decisión del juez de Florida de «acto de barbarie», y aprovechando la inminencia de la Semana Santa, proclamar: «A los amigos, familiares y millones de gente que está rezando en todo el mundo este fin de semana del Domingo de Ramos: no tengáis miedo. Terri Schiavo no será abandonada». Algunos demócratas también confían en que un corrimiento al centro en este asunto les permita ganar votos de un electorado profundamente dividido.