(El País, 30 de enero de 2008)
El
caso Lamela ha tenido también un efecto rebote: la reacción que ha
provocado ha permitido poner en evidencia las carencias del sistema sanitario
en cuidados paliativos y ha dado lugar a una estrategia nacional que ahora
aplican, con mayor o menor intensidad, las comunidades autónomas. El
caso Lamela mostró que en España la
mayoría de los enfermos morían mal, algunos muy mal. "La sociedad ha
reaccionado y quienes veníamos luchando por extender los cuidados paliativos
hemos recibido un refuerzo muy importante. Se ha demostrado que es una de las
intervenciones más coste-efectivas, es decir, que con menos recursos produce
mayor beneficio, y ahora se está haciendo un esfuerzo muy importante", explica
José Expósito.
Pero morir sin sufrir sigue
siendo en España una lotería, porque aunque se ha avanzado mucho en la
extensión territorial de los cuidados paliativos, ni están implantados por
igual en todas las comunidades ni todas las patologías se benefician de ellos.
Hasta ahora prácticamente sólo alcanzaban a los enfermos de cáncer, y ni
siquiera a todos. Se estima que por cada enfermo de cáncer que necesita estos
cuidados hay 2,5 enfermos de otras patologías crónicas y degenerativas que
también los necesitan.
Xavier Gómez Batiste se sabe los
números de memoria, de tantas veces como los ha expuesto: cada año mueren en
España 100.000 enfermos de cáncer, de los que 60.000 necesitan cuidados
paliativos. Otros 250.000 mueren por enfermedades crónicas y degenerativas, de
los cuales, por lo menos un 30% necesitan también este tipo de cuidados, aunque
si aplicáramos los criterios más amplios de la OMS, el porcentaje podría llegar
al 60%. Eso significa que entre 150.000 y 200.000 enfermos necesitan en España
la atención de un equipo de paliativos. Pero, ¿cuántos los reciben realmente?
Apenas unos 60.000. Y estar entre los afortunados que pueden morir sin rabiar
depende de algo tan aleatorio como que su comunidad autónoma haya hecho o no
los deberes.
Xavier Gómez-Batiste divide la
"realidad nacional" de los cuidados paliativos en tres categorías: las
comunidades pioneras corno Cataluña, Canarias, Extremadura, Navarra, Baleares o
la Rioja, que tienen una aceptable cobertura territorial con la que atienden a
más del 70% de los pacientes de cáncer y que ahora están extendiendo la
prestación a otras patologías; las comunidades en situación intermedia, que
están haciendo un esfuerzo por aplicar el plan de paliativos pero aún no tienen
una cobertura extensa, como Galicia, Andalucía, Asturias, Aragón o Murcia, y,
en el furgón de cola, las comunidades que aún presentan graves carencias, como
Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco o Comunidad Valenciana.
En estos casos, ni siquiera los enfermos
de cáncer están cubiertos, aunque algunas de sus autoridades dicen con
frecuencia que tienen el problema resuelto. "Estos son los que más preocupan,
porque eso significa que no son consciente del tipo de necesidades que tiene su
población", afirma Gómez-Batiste.
"En realidad, incluso en las más
avanzadas, hay aún lagunas que cubrir", indica Josep Porta, responsable de la
Unidad de Cuidados Paliativos el Hospital Duran y Reynals. El reto, en estos
casos, no es ya sólo garantizar que todos los enfermos tienen acceso a estos
cuidados, sino que la intervención llega a tiempo. En estos momentos, los
cuidados paliativos se inician, como media, ocho semanas antes de morir, cuando
en los servicios pioneros como el del Duran y Reynals la media de
intervenciones se inicia cinco meses antes.
Gómez-Batiste es taxativo: "Hace
veinte años no tener cuidados paliativos podía considerarse un problema moral.
Hace diez podía considerarse una negligencia, porque había ya evidencia suficiente
de su efectividad y necesidad. Hoy, carecer de cuidados paliativos debería
considerarse un delito, porque supone negar a los ciudadanos un derecho fundamental:
el derecho a morir sin sufrimiento".