(El País, 2 de febrero de 2008)
Lo ocurrido en el hospital madrileño Severo Ochoa ha tenido efectos indeseables para algunos pacientes. El padre de E. M., enfermo de cáncer de huesos, ingresó en el centro durante el apogeo de la polémica. Los médicos se resistían a incrementarle las dosis de morfina para paliarle el dolor. "Y lo peor que te puede pasar es ver a tu padre sufrir, así que mi hermano y yo le ofrecimos un poder notarial", recuerda E. M.
No hizo falta la firma, pero ilustra el impacto que ha tenido el
caso de Leganés en el tratamiento de los enfermos en fase terminal en
algunas comunidades. Un impacto desigual, igual que desigual es la
cobertura de la medicina paliativa en España, un derecho mucho menos
consolidado que en Reino Unido, Francia, Irlanda, Suecia o Austria.
Al
retraso con que arrancaron estos servicios en España, que comenzaron a
desplegarse a finales de los ochenta -una década después que en otros
países europeos- se suman las diferencias interiores según autonomías.
Y ha sido necesaria la polémica de Leganés para que, tras ocho años de
iniciativas fracasadas, el Gobierno ponga dinero para desarrollar y
uniformizar la implantación de los cuidados paliativos en toda España:
25 millones de euros para los próximos tres años (2008-10).
La
inversión se destinará a "universalizar" los cuidados paliativos en
domicilios, apoyar a los cuidadores de los enfermos y elaborar guías
clínicas para los profesionales. El apoyo financiero llega un año
después de la aprobación de la Estrategia Nacional de Cuidados
Paliativos por la anterior ministra de Sanidad, Elena Salgado, que
entonces salió adelante sin dotación económica.
En el
departamento que dirige ahora Bernat Soria no ocultan que en la
decisión de financiar por vez primera estas unidades ha pesado la
persecución desatada contra profesionales por las sedaciones en el
hospital de Leganés, que sacó a la luz el desigual tratamiento de los
enfermos terminales en todo el territorio y el retraso de la medicina
paliativa en comparación con algunos países europeos.
Sólo 60.000
enfermos tienen acceso a la medicina paliativa en la actualidad, según
Xabier Gómez-Batiste, presidente de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. Son alrededor de un tercio de los que lo necesitan: entre
150.000 y 200.000.
Es la primera vez que el Gobierno ofrece una
cantidad "finalista" -sólo podrá destinarse a estas unidades- para
acabar con la heterogeneidad de situaciones que coexisten en la
actualidad, a pesar de que la primera tentativa para unificar los
cuidados paliativos se remonta al año 2000, con el Gobierno del PP. Las
bases acordadas entonces en el Consejo Interterritorial de Salud
fracasaron en su principal objetivo: zanjar las diferencias.
Algunas
comunidades, como Cataluña, ofrecen servicios equiparables a países con
un sistema maduro y avanzado, como Reino Unido, el lugar donde nació a
finales de los años sesenta la filosofía que ampara los cuidados
paliativos (el movimiento
hospice para tratar a enfermos en
fase terminal). En otras, como Castilla-La Mancha o Comunidad
Valenciana, el desarrollo es "lento", según se recoge en la Estrategia
Nacional de Cuidados Paliativos.
El oncólogo Antonio Pascual, que
ha coordinado esta estrategia, admite que hay "una coincidencia
temporal entre el aumento de recursos" para los cuidados paliativos y
la polémica del Severo Ochoa, aunque resulte "difícil" precisar la
influencia entre ambos hechos.
El caso de Leganés ha ayudado a
que en muchos hospitales se clarifiquen los procedimientos para actuar
ante los enfermos en fase terminal. En otros, sobre todo en Madrid, ha
sembrado "más miedo y precaución" a la hora de sedar, según Luis
Fernández Pineda, cardiólogo del Ramón y Cajal, que trabaja
habitualmente con enfermos terminales en sus guardias en la UVI del
citado hospital. "El problema es que están menos sedados y más
despiertos. Eso no es bueno. Si no están suficientemente dormidos se
pelean con la máquina (a la que están conectados) y eso les puede
provocar heridas en su aparato respiratorio", explica
.