(La Gaceta, 12 de febrero de 2008)
Es el Partido gubernamental en su
carrera hacia la extrema izquierda quien ha convertido el análisis de lo
sucedido en el hospital Severo Ochoa en un caso político.
Tanto el Presidente del gobierno
Zapatero como el ministro de sanidad Soria han llevado la politización hasta el
extremo del enfrentamiento interterritorial con la Comunidad de Madrid. Sus
reclamaciones de responsabilidades son políticas y en consecuencia enfrentan
una política sanitaria, expresada en la discutible actuación de Luis Montes
como jefe de urgencias, contra otra, representada por la Comunidad de Madrid y que
implica el rechazo de esa actuación
mediante la destitución del responsable del servicio. Respecto a esto último,
estamos hablando claramente de política sanitaria en cuanto los tribunales de
justicia ya han determinado que el cese fue ajustado a derecho.
El centro de la política
sanitaria que se discute es la sedación terminal en el servicio de urgencias,
presumiblemente como medio de aliviar la carga hospitalaria de los servicios.
El medio es la marginación de las unidades de cuidados paliativos en busca de
una mayor eficacia en la "resolución de los casos". Una cuestión derivada
importante que no puede soslayarse en la sustitución de historiales clínicos de
servicio "normal", por un galimatías urgente en el que no consta, por ejemplo,
con claridad el consentimiento informado en un número relevante de casos. Otra
consecuencia de la decisión de no derivar los pacientes a los servicios
indicados y sedarlos en urgencias es la tendencia a utilizar dosis excesivas en
varios casos analizados. Dosis que se consideran excesivas, todo debe
aclararse, según los criterios habituales de las unidades de cuidados
paliativos que realizan su actuación con unos criterios que no implican, claro
esta, el recurso habitual a la sedación terminal.
Esta política preconizada por el
candidato socialista implica necesariamente un aumento de las muertes en
urgencias, sobresaturadas. Una reducción de fallecimientos del cincuenta por
ciento desde que se sustituye un jefe de servicio es lo suficientemente
relevante como para que se analice con rigor ese dato.
Indudablemente la opción por la
urgencia implica una reducción llamativa de costes y de esfuerzos, el reverso
de la moneda, que se ha hecho patente en las protestas de familiares implicados,
es la reducción del derecho al consentimiento verdaderamente informado y una
sustitución del propio concepto de cuidado paliativo, poco apto para las
urgencias, por el de resolución del caso, por decirlo con un eufemismo.
Es también relevante en la nueva
política propuesta la tensión ética que crea en el servicio, no sólo por la
llamativa salida de profesionales que se produjo en el caso de Leganés, por
discrepar de la opción adoptada, sino por el continuo cambio de criterio según
el profesional que se fuese sucesivamente haciendo cargo del paciente, como se
prueba en algunos de los historiales clínicos sometidos a discusión.
En un provocativo artículo el médico y bioético norteamericano Leon
Kass, tratando sobre la eutanasia, se preguntaba si usted quiere a su médico
con autorización para matar. Parafraseándolo podríamos preguntarnos si queremos
entrar en un servicio de urgencias dirigido a lo Montes. Es más, tal como se han
puesto las cosas debemos analizar, especialmente quienes tengan mayor riesgo de
acabar en unas urgencias hospitalarias públicas por su delicado estado de salud
o su enfermedad crónica avanzada, si la política propuesta es la que se quiere
que siga el próximo gobierno de España. Por usar uno de los lemas electorales
en juego, Zedación también se escribe con Z de Zapatero.
Jose Miguel Serrano