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El Documento del IBB sólo apuesta por una "vida humana de calidad" PDF Imprimir E-mail

(La Vanguardia, 26 de abril de 2005). El Institut Borja de Bioètica (IBB) ha difundido una declaración en la que se propone una despenalización parcial de la eutanasia, entendida como acto médico que pone fin activamente a la vida de un paciente.

Para el IBB ello requiere una petición expresa -actual omanifestada en una instrucción previa- de un enfermo que sufra un padecimiento físico o psíquico insoportable y que, además, se encuentre en una situación clínica irreversible que lo conducirá próximamente a la muerte. Pero debe subrayarse que el documento, en el marco de un futuro "debate más amplio", promueve también la despenalización de la eutanasia sin petición del paciente, ya porque éste sea un niño, ya porque se trate de un adulto en situación de grave alteración de conciencia. En tales casos, la decisión correspondería, de modo consensuado, a la familia, el equipo terapéutico y la autoridad judicial.

El criterio esencial de la despenalización propuesta por el IBB es, entonces, el padecimiento de una enfermedad terminal con sufrimiento insoportable. Ello tiene su fundamento en que para dicha institución, aparentemente, la vida humana no es igual en todas las situaciones. Hay vidas que contienen un potencial capaz de servir a un proyecto "verdaderamente humano y humanizador". Pero hay vidas que son un mero "hecho que nos limita". El IBB asume una concepción gradualista de la vida humana y afirma que la regla general de la protección de la vida no rige cuando se ha producido una pérdida extrema y significativa de la calidad de aquélla. Su documento apuesta de modo explícito no por cualquier vida humana, sino sólo por una "vida humana de calidad". La impresión es que, para el IBB, la dignidad no es consustancial a la vida de todo ser humano, sino sólo un atributo accidental y circunstancial de ciertas formas de vida. En concreto, que tal dignidad falta cuando la vida se convierte en una "dolorosa y agónica espera de la muerte"; cuando se percibe como "una pesada carga".

Frente a esta idea básica, la alusión a una "actitud madura" del paciente, expresada en la petición "lúcida y responsable" de que se ponga fin a su vida, tiene menor entidad. No sólo porque el IBB admita una posible eutanasia sin petición en casos de niños o adultos con alteraciones de conciencia. También, porque las situaciones de dolor físico o psíquico insoportable en un enfermo terminal no describen, ni de lejos, el marco paradigmático de una decisión "lúcida", libre y autónoma. La persona sufriente es, por el contrario, ejemplo de máxima dependencia, máxima necesidad de apoyo -como el propio documento reconoce- y, a la vez, máxima exposición a influencias del medio.

Así analizada, la propuesta del IBB parece muy próxima a las tesis que entienden que hay vidas que no merecen ser vividas. Estas tesis son las del utilitarismo social de siempre. Un utilitarismo que, desde hace décadas, tiende a revestirse del subjetivismo de las preferencias, pero que, en los casos de niños, o adultos inconscientes, asume de nuevo el criterio de lo socialmente razonable, como base para determinar una preferencia "presunta" del afectado. El único problema es, entonces, cómo diseñar el procedimiento para que una comisión "imparcial" decida si tiene sentido que el paciente siga viviendo hasta su muerte natural o acaso lo debido es poner fin activamente a su vida, por reputarla "indigna".

No creo que propuestas como las del IBB contribuyan a incentivar la toma de decisiones públicas sobre las necesarias atenciones médicas, sociales, afectivas y espirituales a enfermos que se hallan al final de la vida, como sin embargo dice pretender en primera instancia el texto difundido. Más bien creo que acaban apoyando, quiéranlo o no, a quienes sostienen, con base en una rara combinación de emotivismo, eficientismo económico y exaltación de la autonomía individual, que hay vidas humanas que son cargas y que, como cargas, no merecen ser consideradas "vida".

JESÚS-MARÍA SILVA SÁNCHEZ, catedrático de Derecho Penal de la Universitat Pompeu Fabra

 
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