Doctor Muerte
(ABC, 14 de marzo de 2005). Juan Manuel de Prada.- No nos pronunciaremos aquí sobre el escándalo que en estos días sacude un hospital de Leganés. Pero este turbio asunto nos permitirá abordar un aspecto nuclear de la eutanasia que con frecuencia se soslaya, a saber: la relación que se entabla entre el médico y el enfermo.
Los defensores de la eutanasia suelen presentarla como un mero acto de voluntad soberana en el que el enfermo determina los confines de su propia existencia. Podemos echarle toda la épica sentimental que deseemos a este presunto ámbito de decisión autónoma del enfermo, mas no por ello dejaremos de falsear la realidad. La eutanasia exige al menos la intervención de dos personas: se trata de una relación intersubjetiva en la que, sin embargo, uno de los sujetos participantes impone su voluntad sobre el otro. Quizá sea este componente asimétrico el que convierte la eutanasia en una relación más que discutible desde una perspectiva estrictamente jurídica: pues, o bien el enfermo se convierte en dueño de la voluntad del médico, reduciéndolo a mero instrumento de su designio, o bien -y esta posibilidad resulta aún más escalofriante- el médico se erige en señor de la vida del enfermo, arrogándose un poder desproporcionado.
En Derecho, las relaciones imponen derechos y deberes correlativos; en la eutanasia, sin embargo, el presunto «derecho a morir» del paciente no genera un deber correlativo en el médico, pues -en esto convendremos todos, incluso los más acérrimos defensores de la eutanasia- nadie puede ser obligado por un «deber de matar». Pero la naturaleza viciada de esta peculiar relación que se entabla en la eutanasia se hace todavía más notoria, más insoportablemente notoria, cuando el médico suplanta la voluntad del paciente. La intervención del médico en casos de eutanasia es siempre valorativa; y, del mismo modo que en la emisión de un diagnóstico el médico puede cometer errores, puede confundirse en la valoración de una enfermedad que juzga incurable. Los motivos de esa valoración errónea son diversos: el médico, en el desenvolvimiento de su trabajo, está sometido con frecuencia a presiones insuperables (falta de camas, necesidad perentoria de órganos para trasplantes, etcétera), pero además pueden actuar sobre su decisión razonamientos equívocos de índole ideológica, filosófica o humanitaria (máxime ahora, cuando la eutanasia se ha convertido en una medalla de santidad laica). No olvidemos que el célebre Doctor Muerte mataba a sus pacientes convencido de que les administraba un piadoso viático.
Cuando se somete a escrutinio jurídico y moral la eutanasia, sus defensores suelen partir de una situación ideal -el enfermo, en pleno uso de sus facultades mentales, demanda la muerte- que no suele producirse en la realidad. A la postre, en la mayoría de los casos de eutanasia el enfermo carece de voluntad, o, si la posee, está muy gravemente viciada: a veces, confunde el sufrimiento con el deseo de morir; a veces, solicita la muerte convencido de que si sigue viviendo se convertirá en una rémora para su familia; y a veces, incluso, ni siquiera puede expresar su voluntad, dada la postración en que se halla. La existencia de un «testamento vital» tampoco soluciona nada, pues no podemos presumir que el deseo de morir que el enfermo expresó estando lúcido no lo haya rectificado -sin haberlo podido verbalizar- durante el estado de conciencia latente al que lo ha conducido la enfermedad.
No creo que nadie defienda la eutanasia involuntaria. Sin embargo, la experiencia demuestra que, en la relación que se entabla entre médico y paciente, una de las partes intervinientes es reducida en la mayoría de las ocasiones a mero objeto sin voluntad. ¿Puede el Derecho amparar esta relación?