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Eutanasia y Estatuto de Autonomía en Cataluña PDF Imprimir E-mail

(PROVIDA PRESS nº 204, 2 de noviembre de 2005).

Al evaluar el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña se detectan en él importantes problemas políticos y sociales (...).

Sin embargo, en general, en los medios de comunicación se presta escasa atención a un aspecto, yo diría que fundamental del mismo, cual es, todo lo que afecta a la construcción de una sociedad que se pretende viva de espaldas a la trascendencia, y esto se refleja en varios aspectos, como puede ser la liberalización del aborto, el impulso a una escuela laica radical, con supresión de la enseñanza de religión, la conculcación del derecho de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, la supresión de signos religiosos en instituciones públicas, etc.

Pero un aspecto, también importante en esta área, que raramente se comenta, es la legalización de la eutanasia.

En efecto, el proyecto del nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña puede abrir la puerta a esta práctica en esa Comunidad Autónoma, pues en su artículo 20, bajo el título ?Derecho a nacer con dignidad?, se defiende la eutanasia al afirmar que ?todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad el proceso de su muerte?.

Sin duda, al plantear el tema de la eutanasia y del suicidio asistido, el núcleo de su valoración ética radica en determinar qué debe prevalecer, si la intangibilidad de la vida humana o la autonomía del paciente para decidir sobre su vida. Pero en este momento no queremos centrar aquí nuestra reflexión, sino en otro problema que puede acompañar a la legalización de la eutanasia, cual es la eutanasia involuntaria, es decir aquella que se practica sin el consentimiento del propio paciente. Y a ésta también se le podría abrir la puerta en la Comunidad Autónoma Catalana.

Cuando se reflexiona sobre un deber ético fundamental, como es el de preservar la vida humana, no solo hay que valorar las consecuencias que se pueden derivar directamente de su legalización, sino que también hay que prever otras consecuencias no directamente unidas a dicha legalización. En este sentido, un problema, un grave problema diría yo, que se puede plantear si se aprueba la eutanasia en el nuevo Estatuto Catalán, es que esta práctica pueda llevarse a cabo no solamente a requerimiento de los pacientes sino también en pacientes que no la solicitan. Si la eutanasia activa es difícilmente aceptable desde un punto de vista ético, mucho más lo es cuando se aplica a pacientes, generalmente graves, que no la han solicitado.

¿Pero actualmente se practica la eutanasia involuntaria? Lo mejor es comprobar lo que ocurre en los países en donde la eutanasia está legalizada, como son Holanda y Bélgica, o el estado norteamericano de Oregón, en donde es legal el suicidio asistido.

Como muy acertadamente comenta RJD George, (BMJ 331; 648,2005), profesor de Bioética del Colegio Universitario de la Universidad de Londres, el argumento fundamental en contra de la legalización de la eutanasia es el insoluble conflicto ético entre atender la demanda de algunos pacientes para que le sea aplicada la muerte terapéutica (así llama él eufemísticamente a la eutanasia y al suicidio asistido) y el garantizar que a los incapacitados, los vulnerables, los pacientes con dificultades para comunicarse, no le sean aplicados tratamiento letales, por pensar que es lo mejor para ellos, por lo que la coerción que se ejerce sobre los mismos es un riesgo real difícilmente eludible.

De acuerdo con ello, en este momento, la eutanasia se esta aplicando de forma involuntaria, cuando no homicida, en ocasiones muy diversas, aduciéndose como refrendo ético de esta actitud que terminar con la vida de esos pacientes puede ser un bien para ellos, aunque ellos no hayan solicitado que se termine con su vida.

De acuerdo con este principio ético, en Holanda, la eutanasia se aplica a niños (BMJ, 315; 88, 1997), practica que ahora se quiere hacer extensiva a los recién nacidos que tengan minusvalías, siguiendo un protocolo propuesto por la Unidad Pediátrica del Hospital de Gronnningen. También se está aplicando a pacientes con enfermedades psiquiátricas que no tienen capacidad para manifestar su conformidad con que le sea aplicada la eutanasia (BMJ, 321;1174, 2000), e igualmente a incapacitados mentales (BMJ, 319; 75, 1999), todo ello bajo el amparo ético de que aplicarles la eutanasia involuntaria no solamente es éticamente correcto, sino también legalmente necesario (BMJ,322; 509, 2001).

Pero el aplicar la eutanasia a estos pacientes de forma involuntaria nada tiene que ver con el respeto a su autonomía, sino que es precisamente la más grave vulneración de la capacidad individual de una persona para decidir lo que desea. Y esta eutanasia involuntaria, en el momento actual, se está aplicando en Holanda a 1 de cada 7 pacientes que son eutanasiados (The Lancet, 362; 395, 2003), practicándose también en Bélgica en una proporción similar (The Lancet, 356; 1806, 2000).

Con independencia de la vulneración de los derechos del paciente, que se da al practicar la eutanasia involuntaria, aún existe otro ataque más grave a los mismos cuando determinados médicos u otro personal sanitario, al amparo de la legalización de la eutanasia, se atribuyen el derecho de decidir sobre la vida de sus pacientes sin el consentimiento de éstos. Sin duda, el caso más conocido, aunque hay otros muchos, es el Dr. Shipman, que fue condenado por quince homicidios demostrados en otros tantos de sus pacientes por practicarles la eutanasia, aunque se supone con razonable verosimilitud que terminó con la vida de otros 235. Actitud que, seguramente en un ataque de irreprimible culpabilidad, le llevo a suicidarse en su celda.

Pero posiblemente una de las acciones más demostrativas de cómo puede aplicarse la eutanasia involuntaria es el acaecido en estos días en Nueva Orleáns, con motivo del huracán Katrina, en donde diversos médicos de un hospital de esa ciudad, aplicaron la eutanasia a varios de sus pacientes, dado que no tenían tiempo disponible para atenderlos, por lo que estimaron más ético terminar con la vida de algunos de ellos para así poder atender mejor a otros (Mail on Sunday, Londres, 11 septiembre 2005). Es decir, parece que terminar con la vida de dichos pacientes fue el camino más fácil para dejar libres camas que podrían se utilizados por otros, ¿pero es posible que esta actitud tan opuesta al deber más elemental de un médico se practique de forma más generalizada? En este sentido, parece de interés recordar que, en una de las últimas encuestas llevada a cabo en Holanda en relación con la práctica de la eutanasia, (The Lancet 362; 395, 2003), un 15 por cien de los médicos entrevistados manifestaron que habían aplicado en alguna ocasión la eutanasia por razones económicas, algo que sin duda sólo puede ser entendido a la luz del más exacerbado utilitarismo, bajo cuyo amparo un bien económico se pueda anteponer a un bien tan intangible como es la vida humana.

Sin duda, con unas campañas mediáticas bien orquestadas, como es el caso de Cataluña, la opinión pública de esa comunidad autónoma, podría llegar a manifestarse favorable a la eutanasia, lo que no invalida, como comenta el profesor Torbjörn Tännsjö, del Departamento de Filosofía de la Universidad de Estocolmo (BMJ 331; 689, 2005), que ?la gran mayoría de los médicos y políticos de los países occidentales se manifiesten opuestos a legalizar la eutanasia?, algo que al parecer no importa mucho a los redactores del Estatuto Catalán, que al promover la legalización de la eutanasia en esa comunidad autónoma están abriendo la posibilidad de que, como ha ocurrido en los dos países en los que se ha legalizado la eutanasia, se pueda estar también dando carta de naturaleza a la eutanasia involuntaria.

Justo Aznar
Jefe Departamento Biopatología Clínica

 
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