Aumenta la presión para que la sociedad acepte el suicidio
(La Gaceta, 21 d eoctubre de 2006)
Lo que pidió Inmaculada Echevarría Ramírez, el miércoles en rueda de prensa, no es propiamente la eutanasia para un enfermo terminal (ella misma), pero poco importa: porque de lo que se trata, para quienes quieren sacar partido del dolor de esta mujer, es de ampliar la aceptación social del suicidio.
El principal problema de Inmaculada Echevarría, según dijo en la rueda de prensa en el Hospital San Rafael de Granada, no es tanto la enfermedad sino que su vida le parece "soledad, vacío y opresión". Se comprende también que, el jueves, el obispo de Huelva, José Vilaplana, destacara no tanto la doctrina genérica según la cual "nadie puede tomar la iniciativa de quitar la vida a otro ser humano, porque no somos dueños de la vida de nadie", cuando la responsabilidad de quienes no atienden a la persona que se siente sola: "cuando una persona pide salir de este mundo, hemos de reflexionar sobre si hemos sido capaces de acogerla, rodearla de cariño y de hacerle sentirse útil".
Libertad y muerte
Inmaculada Echevarría, como cualquier enfermo, tiene derecho a renunciar a los tratamientos que recibe, y si ello le causa la muerte, se le pueden dar sedantes. No mucho más es lo que le propondrá el lunes la asociación Derecho a Morir con Dignidad, que le visitará el lunes: que se haga desconectar del respirador.
Hay culturas que muestran mayor respeto al suicidio ‑así en Alemania, según quién y cuándo, se le ha llamado "muerte libre", Freitodt‑ que aquellas que lo consideran un mal ejemplo con el que nunca se debe cooperar. Aunque la sociedad española esté más cerca de este punto, el suicidio asistido de Ramón Sampedro, el 12 de enero de 1998, mostró que nuestra jurisprudencia no castiga la colaboración al suicidio.
El profesor de Derecho Jesús Barquín declaró ayer a Efe que colaborar en el suicidio de alguien que lo pide de forma "precisa, seria, expresa y sin dudar" y que además tenga una enfermedad que le provoque graves sufrimientos no sería castigado, porque de hecho nunca se ha castigado o perseguido a nadie por este motivo, porque el Código Penal no contempla que la persona que se suicida no pueda valerse por sí misma
El hombre es, con todo, un animal empecinadamente social, y el mal ejemplo del desprecio a la vida cunde: el diputado alemán Thomas Rachel presentó a mediados de 2004 un estudio según el cual cada año son liquidadas mil personas en Holanda (un tercio de los eutanasiados) sin su consentimiento.
Pendiente resbaladiza
Rachel afirmaba que "la ayuda a la muerte, tal como se practica en Holanda, daña de forma fundamental la dignidad humana, ya que limita fuertemente el derecho a una decisión personal. En Alemania tiene más peso el pensamiento que protege la vida. Nuestras experiencias históricas con la eutanasia, en las que se llegó hasta los asesinatos masivos, desempeñan en ello un gran papel".
Rachel considera "alarmante" que los políticos y la sociedad acepten en silencio que en un tercio de los casos de eutanasia no se consulte al enfermo: "no se ha seguido al respecto procedimiento penal digno de tal nombre". Lo decisivo para aplicar la eutanasia es el estado clínico o psíquico del paciente, y no su voluntad. La existencia de las citadas declaraciones muestra, para Rachel, "que hay gente en Holanda que tiene la sensación de que es preciso documentar su deseo de vivir".
Rachel afirmó haber visto también en Holanda ejemplos animantes, como el de un hospicio para enfermos terminales donde un tercio de los pacientes había manifestado, al ingresar, su deseo de que le aplicaran la eutanasia. Ninguno de ellos repitió esa petición al verse más tarde enfrentado a la muerte.