(La Razón, 5 de diciembre de 2004). El rompedor proceso judicial emprendido por la «señora Z» para lograr que su marido la acompañara a Suiza para someterse a un suicidio asistido culminó el pasado miércoles en la clínica Dignitas de Zurich con la muerte de la mujer, de 66 años. Según un portavoz de la organización, la paciente ingirió voluntariamente un cóctel de drogas que la adormeció y, minutos después, acabó con su vida, un procedimiento absolutamente legal en Suiza.
La Policía local anunció ayer que abrirá un proceso judicial «de cuatro o cinco días de duración» para aclarar las circunstancias de la muerte de la mujer, que sufría una enfermedad cerebral degenerativa desde 1997.
El empeño de la «señora Z» en acabar con su propia vida desencadenó un complejo proceso judicial que puso a prueba las severas leyes anti-suicidio del Reino Unido. La mujer estaba demasiado frágil para viajar en solitario, así que pidió a su marido que la acompañara. Éste, tras varios días de discusiones, aceptó. Sin embargo, las autoridades locales encargadas del cuidado de la enferma trataron de impedir el viaje y denunciaron al hombre por supuesta «asistencia al suicidio», un delito penado con hasta 14 años de cárcel en el Reino Unido.
Viaje planificado. Al final, la juez levantó el veto a la pareja el pasado martes y autorizó su viaje a Suiza, aunque reconoció que el hombre podría haber infringido la legislación vigente simplemente al planear el viaje y comprar los billetes de avión. Por esta razón, la juez delegó en la Policía la decisión de actuar contra él si lo considera apropiado.
Nada más salir del tribunal, ambos viajaron al país centroeuropeo y, al día siguiente, la «señora Z» había fallecido. Se desconoce si finalmente la Policía británica presentará cargos contra el marido por contribuir al suicidio de la anciana. Los grupos partidarios de la eutanasia criticaron ayer al Gobierno por forzar a los británicos a viajar al extranjero para suicidarse.
Deborah Annetts, directora de la Sociedad para la Eutanasia Voluntaria, explicó que según una reciente encuesta el 82 por ciento de los británicos apoya un cambio legal.