Portada Aspectos Legales Sentencias y decisiones judiciales De sobreseimientos, inocencias, culpabilidades y mala praxis
ConDignidad
Portada | Bibliografía | Agenda | Enlaces | Sugerencias | ConDignidad | Suscripcion | Usuarios | Mapa del sitio
Lunes, 26 Agosto 2019
Temas
En Facebook

Sigue a ConDignidad en facebookPuedes seguir la actividad de ConDignidad en facebook.

De sobreseimientos, inocencias, culpabilidades y mala praxis PDF Imprimir E-mail
(Publicado en El Estado del Derecho , 21 de febrero de 2008)

Antonio del Moral

Todos los días se dictan en nuestro país miles de autos de sobreseimiento. Obedecen a causas muy variadas. Muchas veces consta la existencia de hechos delictivos pero no se ha averiguado la identidad de los responsables. Otras muchas persisten dudas sobre la autoría o sobre la culpabilidad. En ocasiones el Juez dicta una resolución de archivo porque los hechos, tal y como se presentan no encajan en ningún tipo penal, aunque puedan ser reprochables desde perspectivas extrapenales. O, porque ha transcurrido un tiempo demasiado largo y la infracción en todo caso estaría prescrita. En alguna excepcional ocasión el sobreseimiento recae por estar plenamente acreditada la ausencia de culpabilidad. Muy pocas. Y es lógico ese escaso número. La jurisdicción penal no está para declarar inocencias, sino para proclamar culpabilidades cuando existe la absoluta certeza de la misma pues de esa convicción se derivará la imposición de las más graves sanciones con que cuenta el Estado, las penas. 

Cuando se dicta un auto de sobreseimiento o una sentencia absolutoria el poder judicial reconoce que no hay base suficiente para establecer esa responsabilidad penal que solo puede edificarse sobre unos fundamentos sólidos e inapelables. Los autos de sobreseimiento o sentencias absolutorias no son incontestables certificados de conducta impoluta. De hecho, salvo en los insólitos supuestos en que la resolución penal llega a declarar probado que los hechos no han sucedido, queda normalmente abierta la puerta para exigir responsabilidades de orden civil o disciplinario. Es más, si el sobreseimiento es provisional, como sucede en un porcentaje muy elevado de asuntos, será incluso factible la reapertura del proceso penal si apareciesen nuevos elementos. Raramente acaece así cuando el sobreseimiento se basa en causas diferentes del desconocimiento de la identidad de los autores, pero la presencia de esa posibilidad es ya un dato simbólico de peso sobre el alcance de ese tipo de resoluciones. 

¿Significa eso que la inocencia de quienes se han visto sometidos a un proceso penal seguirá cuestionada aunque el proceso haya sido abortado mediante un auto de sobreseimiento? Obviamente no. Rige la presunción de inocencia afirmada constitucionalmente que ampara a todos: tanto a los que han obtenido una sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, como a los que no han sido investigados por no existir frente a ellos ninguna sospecha de comisión de acciones con relevancia penal que haya sido transmitida a los juzgados o tribunales. A todos por igual y no a unos más que a otros. 

La presunción de inocencia no significa que todos seamos inocentes, sino que ningún ciudadano puede ser condenado penalmente si no existe la certeza obtenida tras un proceso garantista de que es responsable penalmente. Por eso es compatible con la presunción de inocencia que se afirme jurisdiccionalmente la legitimidad el despido del empleado absuelto en el proceso penal por un delito de hurto, pero del que existen fundadas sospechas de, al menos, negligencia en el manejo de ciertos fondos confiados por razones laborales. El ejemplo no es hipotético: está extraído de los repertorios del Tribunal constitucional. 

En el proceso penal solo se ventilan las responsabilidades penales y con un alto nivel de garantías. Las responsabilidades de otro tipo (laborales, políticas, civiles, disciplinarias) no se ven condicionadas por lo declarado en la jurisdicción penal, especialmente si ésta no declara nada, tan solo que no hay motivos suficientes para exigir responsabilidad penal. 

La presunción de inocencia amparará tanto al absuelto, como a quien le denunció o a quien le acusó: que haya una sentencia absolutoria tampoco significa que la denuncia fuese falsa o infundada. Es obligación de todos poner en conocimiento de los Tribunales los hechos de que se tenga noticia que revistan indicios de responsabilidad penal para que sean esclarecidos. Tanto tutela la presunción de inocencia al denunciado como al denunciante. Que no se esclarezcan los hechos o que se descarte la responsabilidad penal no permite sin más tildar al denunciante o al querellante de delincuentes por formular una acusación falsa o infundada o por calumnia. El "o blanco o negro" no es lo habitual en el derecho. Son más frecuentes los grises. Y los sobreseimientos suelen moverse en esa gama intermedia de colores. 

Tras seguir de lejos y por los medios toda la polémica y debate surgido con motivo de las sedaciones en el Hospital de Leganés y el proceso penal incoado y finalmente sobreseído, he tenido curiosidad por conocer directamente el auto dictado por la Audiencia Provincial de Madrid. Abrió paso a declaraciones poco ponderadas que se me antojaban muy contradictorias con mis nociones sobre un sobreseimiento provisional. En efecto: la resolución, estimando un discutiblemente viable recurso de apelación interpuesto por la parte favorecida por el sobreseimiento, se limita a constatar que al no haberse podido acreditar de forma concluyente la relación de causalidad entre las sedaciones supuestamente irregulares y las muertes investigadas no había base para continuar el procedimiento penal. Como para llegar a esa conclusión no era necesario valorar si la conducta de los médicos imputados se ajustaba o no a los criterios impuestos por una correcta praxis médica, no era procedente entrar en esa cuestión que se deja abierta. No podía haber responsabilidad penal, aunque hubiese existido mala praxis. Por eso sobran por innecesarias las referencias a la mala praxis que se hacían constar en el auto dictado por el Instructor. No es función de la jurisdicción penal, una vez descartada la posibilidad de responsabilidad penal, ni afirmar la corrección de una actuación profesional, ni descalificarla, salvo en lo necesario para la decisión penal. Esa decisión no excluye que pueda haber existido mala praxis profesional (unos peritos y un juez pensaron que existían indicios muy fundados que apuntaban en esa dirección), ni implica que el inicial sobreseimiento afirmando esa mala praxis fuese una "prevaricación". Está también muy lejos de desacreditar el proceso penal seguido: es más, su lectura pone de manifiesto que era necesaria la investigación. 

Una cosa es ser presumido inocente y otra muy distinta presumir de inocente. Como si solo el beneficiado por un auto de sobreseimiento pudiese presumir de inocente y los demás se tuviesen que contentar con que se les presuma inocentes.

Antonio del Moral García es Fiscal, Doctor en Derecho y Profesor del Instituto de Empresa.
 
Relacionados