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(El País, 8 de septiembre de 2008)
La reforma de las leyes sobre la
muerte digna puede llegar más lejos de lo previsto. El Ministerio de Sanidad
prepara cambios normativos para garantizar que los enfermos terminales no
sufran dolorosas e inútiles agonías. Pero el siguiente paso que planea el
departamento promete más polémica: regular el suicidio asistido, esto es, la
posibilidad de que un enfermo reciba ayuda para poner fin a su vida, sin que
necesariamente se encuentre en situación terminal. Una norma que daría
respuesta a casos como el de Ramón Sampedro, el tetrapléjico que tras una larga
batalla legal murió por ingestión de cianuro en 1998.
La reforma planteada, que
implica modificar el Código Penal, estaría en la línea de las leyes aprobadas
en países como Suiza, que permite el auxilio al suicidio; u Holanda y Bélgica,
que han legislado sobre la eutanasia, y puede entrar en vigor en esta
legislatura, según anunció el ministro de Sanidad, Bernat Soria, en esta
entrevista con EL PAIS.
Sanidad prevé dos vías de
trabajo: por un lado, ya se está actuando en todas las fases que no implican un
cambio legal, sino un desarrollo normativo a base de decretos y estrategias de
la Ley de Autonomía del Paciente (2002), para lo que va a constituirse un grupo
de expertos. Y, por otro lado, Soria anuncia la apertura de una comisión
conjunta de Sanidad y justicia que estudiará paralelamente, de forma
específica, la regulación del suicidio asistido. Otro grupo de expertos
trabajará en la confidencialidad, fuera de los focos. "La reflexión ya está
abierta, pero va a necesitar tiempo", dice Soria. En un año o año y medio,
avanza, el estudio previo habrá concluido. Será el momento de que el Gobierno
decida.
"Esta sociedad es moderna y está
preparada", cree Soria. "No vamos a decir a la comisión cómo debe acabar, pero
sí creo que ofrecerá elementos suficientes para una decisión política". Estarán
juristas, médicos, científicos y otras personalidades relevantes conectadas con
el tema, sin que tengan que ser expertos, y, tal vez, religiosos. El plan ya
está sobre la mesa y se pondrá en marcha en las próximas semanas. Después
vendrá la tarea de buscar la mayoría parlamentaria, sobre lo que Soria se
declara optimista.
La medida estaría en 1a línea de
las enmiendas sobre la muerte digna aprobadas en julio por el 37 Congreso del
PSOE. aunque ese texto evita términos como eutanasia o suicidio asistido: ‘En
los próximos años (...) la sociedad debería abrir el debate hacia la posible
regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas
enfermedades terminales o invalidantes a solicitar de los profesionales una
intervención más activa (...) para garantizar su derecho a una muerte digna".
Los pioneros europeos
Holanda (2000) y Bélgica (2002).
En ambos países, la ley permite que un médico facilite a un enfermo una
combinación de fármacos que acaben con su vida, siempre que éste lo pida
mientras es plenamente consciente, y acredite un sufrimiento intenso y que su
dolencia no tiene cura y va a ir a peor. Otros dos Facultativos ajenos al caso
deben dar su visto bueno.
Suiza. Un vacío legal permite el
suicidio módicamente asistido: el enfermo debe estar consciente y tomar
voluntariamente los fármacos preparados por un profesional.
"TU CUERPO ES TUYO, ESO ES SOCIALISTA"
BERNAT SORIA, Ministro de Sanidad y Consumo. Se define como un "político atípico", listo para volver al laboratorio y a la cátedra en cualquier momento. Pero Soria (Carlet, Valencia, 1952) se sitúa en esta legislatura en primera línea de los asuntos más delicados: aborto y muerte digna.
Pregunta. Esta legislatura va a abordar
cambios en las leyes sobre aborto y muerte digna. ¿Le presiona la idea de
encontrarse otra vez a los obispos encabezando manifestaciones?
Respuesta. No, en absoluto. Como
ministro de un Gobierno y diputado socialista, el único mandato que tengo es el
de los ciudadanos. No sé qué estrategia pueden tener la Conferencia Episcopal,
el Partido Popular y otros grupos, pero no tiene nada que ver.
P. ¿Qué modificaciones prevé en
relación con la muerte digna?
R. Que el derecho del paciente
sea un derecho real. Esa es la primera. Porque si uno coge las leyes tal y como
están, posiblemente no hay que hacer ninguna otra para que la gente muera sin
dolor. Y lo que sabemos es que la gente muere sufriendo. Eso no puede ser. La
batalla contra la muerte no la vamos a ganar, pero la batalla contra el dolor,
si.
P. ¿La ley actual del PP no garantiza
que se muera sin dolor?
R. Las leyes actuales, sí; las normativas
actuales, posiblemente no. Por eso hemos trabajado en una Estrategia Nacional
de Cuidados Paliativos, con la cual estamos de acuerdo todas las comunidades,
que incluye la formación de los profesionales, facilitar la asistencia domiciliaria,
regular los momentos terminales, la muerte digna y el derecho que tiene
cualquier ciudadano a decir, cuando llegue ese momento: "No quiero ser sometido
a una tortura". Para que todo eso sea un derecho real, el testamento vital
tiene que ser accesible desde cualquier punto de España, porque una persona
puede depositar uno en Navarra, y acabar muriendo en Murcia. Eso es lo que dice
la Ley de Autonomía del Paciente: que el ciudadano decide. Hay un principio
básico que separa dos formas de pensar: quien piensa que el propietario del
cuerpo es uno mismo, y quien piensa .que es alguien, una iglesia, una
institución o un partido político. El Partido Socialista dice: el propietario
de tu cuerpo eres tú. Tú eres quien toma decisiones.
P. Ese principio implicaría mucho
más que regular los cuidados paliativos.
R. Eso es ideología socialista.
Nosotros respetamos la opción del ciudadano, que puede decir que no quiere ser
sometido a la tortura que significa muchas veces el esfuerzo terapéutico, que a
veces atenta contra su deseo. Traducir eso en un derecho significa hacer una
serle de actuaciones.
P. ¿Hasta dónde va a llegar?
R. Es el paciente el que decide si
desea o no recibir un tratamiento. Por tanto, en primer lugar, hay que
asegurarle que muere -o vive- sin dolor. Muchas veces la sedación terminal
significa la pérdida de la vida, pero eso lo sabe el paciente convenientemente
informado. Y cuando se hace bien, permite que tome la decisión. Hay que decirle
que cuando empiece el proceso puede haber un momento en que no recupere la
consciencia. Y se le da la oportunidad para que se despida de su familia, para
que arregle sus asuntos y para que no sufra.
P Si el propietario del cuerpo
es uno mismo, ¿tendría sentido abordar el suicidio asistido?
R. La reflexión está abierta. El
suicidio asistido no es legal en este país. Pero el Código Penal se ha cambiado
ya muchas veces. Es un tema que pertenece más al Ministerio de Justicia. Vamos
a iniciar con Justicia una reflexión confidencial con un equipo de expertos
sobre suicidio asistido. Lo que no me gustaría es que esa reflexión impida que
el resto de las actuaciones las hagamos ya. La impresión que tengo es que esa
reflexión va a necesitar más tiempo que las otras actuaciones en las que ya
estamos.
P. Entonces ¿va a cambiar el
Código Penal sobre este asunto?
R. No vamos a decir a la
comisión cómo debe acabar, pero sí creo que ofrecerá elementos suficientes para
una decisión política.
P ¿En esta legislatura?
R. Por lo que es mi experiencia, la reflexión nos puede
llevar un año o un año y medio. Por tanto, yo no excluyo que sea en esta
legislatura. Además, eso sigue la reflexión que hizo el Congreso Federal [del
PSOE], que no es un mandato, pero es el partido que soporta al Gobierno.
P. Por tanto, no es disparatado
pensar que España puede llegar a un marco como el de Suiza o de Holanda.
R. No es disparatado que se
pueda llegar. Pero todo no se puede hacer el primer día.
P. ¿Está preparada la sociedad
para hablar de esto?
R. Nuestra sociedad ha demostrado
ya en varias ocasiones que es una sociedad moderna, que es madura y que está
preparada para cualquier tipo de debate.
P. ¿En este tema quiere el
consenso del PP?
R. El consenso existe en torno a
la Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos, que se aprueba por unanimidad en
el Consejo Interterritorial. La mayor parte de las cosas que estamos discutiendo
son más operativas que ideológicas. Es poner los medio para que esto realmente
llegue a un ciudadano de un pueblo de Segovia. Lo que ocurre es que el término
eutanasia se utiliza para nombrar cosas muy distintas, y, por tanto, el que
haya un grupo de reflexión viene bien para, en primer lugar, ponerse de acuerdo
en los términos y en hasta dónde se puede llegar sin cambiar la norma, Y, si
hay que cambiar la norma, en cómo habría que cambiarla.
P. ¿Va a haber una ley de plazos
para el aborto?
R. No quiero adelantar el trabajo
del comité de expertos. Yo he manifestado que es bueno mirarse en el espejo de
Europa. Es probable que la solución más adecuada, viéndonos en ese espejo europeo,
sea una combinación de una ley de plazos -que no lo garantiza todo- y unos
supuestos que permitan garantizar el derecho. Y, al mismo tiempo, incorporando
los conocimientos técnicos que se tienen, que en este momento son superiores a
hace 20 años, sobre la viabilidad del feto. Ese comité es el que nos tiene que
decir la propuesta que garantice todo esto.
P. ¿Será necesario un amplio consenso?
R. Me parece que es lo mejor. Y estoy
seguro de que un sector amplio de votantes del PP piensa lo que yo pienso, pero
lo que no voy a garantizar es qué va a votar el PP.
P. La cifra de 100.000 abortos al
año ¿no revela graves deficiencias en educación sexual, en prevención?
R. Revelan deficiencias, pero creo
que la palabra "graves" es demasiado fuerte.
P. ¿Se está relajando el uso de anticonceptivos,
el sexo seguro?
R. Hay que hacer un esfuerzo de
educación sexual y reproductiva que debe de estar dentro de la campaña del
trabajo del ministerio, y también dentro del Ministerio de Educación. Y creo
recordar que Educación para la Ciudadanía incluye también varios capítulos de
salud sexual y reproductiva. Y lo digo como padre.
P. En el último Consejo Interterritorial
acordaron hacer una propuesta sobre financiación sanitaria. ¿En qué situación
se encuentra?
R. Está hecha. He mandado el
primer borrador a [el vicepresidente económico, Pedro] Solbes. Lo asumo con sus
pros y sus contras. Los principios generales que tiene son los siguientes: en
primer lugar, la suficiencia financiera del sistema; en segundo lugar, los
criterios tienen que incorporar qué condiciona el gasto (población,
envejecimiento, dispersión, insularidad, incorporación de tecnologías); en
tercer lugar, la cohesión.
P. ¿Va a afectar la crisis al
sostenimiento del sistema de salud?
R. Lo que busca el Pacto por la
Sanidad, igual que el Pacto de Toledo garantizó las pensiones, es que nuestro
sistema nacional de salud sea algo incorporado a los genes del Estado. La
situación económica es mala, pero no tan mala. Si lo que me está preguntando es
si este sistema será viable dentro de 20 años, el Pacto por la Sanidad busca
eso.
P. Ese pacto ya se le ofreció
por la oposición a su antecesora, Elena Salgado, y no se hizo. ¿Qué ha
cambiado?
R. No sé en aquel momento por
qué no entró. Pero en este momento hay unanimidad en los consejeros y
consejeras, que es el primer paso. Los partidos políticos están de acuerdo, y
los sindicatos quieren incorporarse. Se dan las condiciones para un pacto que
garantice que este sistema es viable y que lo heredarán nuestros hijos.
P. Muchos ciudadanos sufren las
urgencias colapsadas, largas listas de espera... Envejece la población, y han
llegado millones de inmigrantes, pero los recursos no han aumentado tanto.
R. La inmigración nos ayuda. Si
miramos la pirámide de población española, niños tenemos pocos, de edad
intermedia tenemos más y está aumentando una población envejecida. ¿Qué ha
hecho la inmigración? Dos efectos positivos: aumenta el segmento que paga impuestos,
y crece la base, que será al final quienes mantengan la sanidad.
P. ¿Plantea algún copago por el
usuario para frenar la demanda de servicios sanitarios?
R. Algunas autonomías lo han
planteado. Cataluña ha hecho algunos gestos. De hecho, en la compra de un
medicamento hay un copago. Son gratis para los jubilados y los que no estamos
jubilados pagamos un porcentaje. Y no nos estamos planteando cambiar el
sistema, porque cuando se estudia vemos que no supone un gran ahorro: son 1.000
millones de euros, y eso, para un gasto sanitario de 82.000 millones, no
significa un cambio que haga el sistema sostenible.
P. ¿Qué le parece el modelo de
gestión privada de la sanidad de Madrid o Valencia?
R. Eso merece una reflexión más
detallada. Gestión privada es la interrupción del embarazo o la diálisis que se
hacen de forma concertada en una
clínica privada. Otro nivel es la gestión privada de una determinada
institución. Eso tampoco supone una dificultad mayor para un sistema público,
pero hay que diferenciar cuando lo gestiona una fundación y cuando lo hace una
empresa. Una empresa tiene que generar beneficios, y parece más razonable que
esos beneficios, en vez de ir a un bolsillo privado, vuelvan al sistema. Y el
tercer nivel, que es el más preocupante, es cuando las decisiones sobre la salud
las toma una entidad privada, como las compañías de seguros en Estados Unidos.
Ahí es donde no estoy de acuerdo. ¿Eso está pasando en España? Aún no.
P. ¿Cuándo tendremos listas de
espera transparentes?
R. Las listas sí que las sabemos,
excepto las de Madrid.
P. El detalle lo saben ustedes,
no el ciudadano.
R. Lo que se ha conseguido, con
la excepción de Madrid, es un acuerdo con las comunidades de que comunicaremos
un dato global. ¿Es ocultismo? Yo creo que la transparencia tiene también sus
límites, A mí me ha preocupado cómo se han comunicado los datos médicos de los
heridos en el accidente de Barajas. El ejercicio de transparencia es cada vez
mayor. A mí me gustaría llegar a regular por decreto las garantías en tiempos
máximos de espera.
P. ¿Esta legislatura?
R. Si.
P. ¿Sabe ya cuánto personal
sanitario hace falta?
R. Tenemos ya los datos para
hacer la predicción para los próximos 25 años. Espero tener este otoño el
registro. Eso permitirá que tengamos una planificación. Y, a corto plazo, hemos
desarrolado un decreto que nos premite incorporar a profesionales
extracomunitarios, que espero que salga en los próximos meses. No hay una
solución mágica para un problema que se tenía que haber previsto hace 10 años.
P. Haciendo autocritica, ¿admite
que se gestionó mal la crisis del aceite de girasol?
R. A mi me gusta ser critico
conmigo mismo, sobre todo para no volver a caer en el mismo error. Hubo casi
unanimidad en todos los medios criticando al ministro. Por tanto, tengo que
reflexionar mucho sobre ese momento. Pero recuerdo perfectamente la secuencia,
y asumo la decisión: está entrando aceite de girasol contaminado. Cuando me lo
dicen, están hablando de 120 o 125 toneladas. Los datos que tengo ahora son
30.000 toneladas. La toxicidad aguda por hidrocarburos es nula, pero la crónica
puede ser preocupante. Lo normal en cualquier Gobierno es decir que aquí no
pasa nada Y ésa no fue mi actitud. Es cierto que en la nota primera que sacamos
-que yo sostengo-aparecía una disparidad: usted me dice que lo está retirando,
y al mismo tiempo me dice que si tengo una botella, que no me preocupe. Eso
parece una contradicción. Y la contradicción era entre toxicidad aguda y toxicidad
crónica. Al final de la historia, ¿qué pasó? Que yo asumí el chaparrón, pero
hay varias cosas que tengo en el haber: ni un solo caso de intoxicación, el
sistema económico no se ha resentido en nada, y he garantizado que ni una sola
de esas 30.000 toneladas están ahí. Por último, la Comisión Europea nos dio la
razón, y acabó recomendando a los demás países que hicieran lo mismo.
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