(ABC, 11 de marzo de 2009)

El Congreso ha rechazado despenalizar la eutanasia y garantizar el derecho a una «muerte digna», aunque el PSOE no ha descartado hacerlo cuando la sociedad pida «subir otro peldaño» y haya habido un debate «tranquilo».

El Pleno del Congreso ha rechazado la proposición de ley sobre disponibilidad de la propia vida, presentada por el grupo de Esquerra Republicana, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds. Durante la defensa de la propuesta, el diputado Gaspar Llamazares ha defendido que esta iniciativa resolvería «el absurdo debate que aún hoy tenemos entre dejar morir y ayudar a morir, entre la eutanasia activa y la eutanasia pasiva». La propuesta «beneficiaría al paciente terminal, al aportarle seguridad, sensación de control y mayor serenidad para soportar ese último tramo» y «haría que los cuidados paliativos no fueran solo un eufemismo sino una realidad como condición previa para tramitar cualquier solicitud en relación a la muerte previa».

La proposición de ley de ERC-IU-ICV pretendía modificar el Código Penal para que quedara exento de pena, mediante actos necesarios o de cooperación activa, quien facilitara la muerte digna y sin dolor de otra persona, a petición previa de ella. Llamazares se ha preguntado por qué la decisión de morir dignamente, «respetada por la mayoría», «sigue llevándose a cabo de manera arbitraria, dependiendo de los medios de los médicos y de la Administración, sin ninguna regulación y en la clandestinidad». «Lo que justifica la oposición a la eutanasia es una creencia, la de la santidad e inviolabilidad de la vida, respetable como posición personal, pero que no puede convertirse en un objetivo profesional ni en criterio de verdad y aun menos aplicarse a todos por igual», ha subrayado Llamazares.

Debate necesario
La portavoz socialista, Pilar Grande, ha afirmado que el camino iniciado en la pasada legislatura va en «la buena dirección, pues responde a la demanda mayoritaria de la población» de recibir el adecuado tratamiento en el proceso de la muerte si así lo desean. Además, los médicos pueden aplicar estos tratamientos «con seguridad jurídica y científica, y tienen derecho a rechazar los que solo prolongan la vida biológica y no mejora sus expectativas de recuperación produciendo un sufrimiento innecesario». A juicio de la diputada socialista, es necesario un debate sostenido en el tiempo con todos los operadores jurídicos, científicos, asistenciales e institucionales, un debate que ayude a una «clara comprensión del problema que se intenta resolver».

Tras este debate «tranquilo» y «huyendo de casos puntuales», quizá la sociedad española «nos solicite dar un paso más, subir otro peldaño y acometer la regulación legal del derecho de los pacientes afectados por determinadas enfermedades terminales a pedir a los profesionales ayuda para poner fin a sus vidas». «Pero creemos que este momento no ha llegado», ha enfatizado Pilar Grande.

Por su parte, el diputado del PP, Santiago Cervera, ha acusado a Llamazares de haber presentado un propuesta contraria al interés general: «Es una medida que desprotegería la vida en determinados supuestos y es claramente inconstitucional». «No es lo mismo ayudar en el morir que ayudar a morir, por tanto, la producción intencionada de la muerte o la cooperación activa a ella», ha subrayado Cervera.

El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, ha razonado que en esta cuestión no se parte de cero, pues la ley de autonomía del paciente permite a la persona decidir sobre el tratamiento que desea recibir al final de su vida. Olaia Fernández Dávila, del BNG, que ha votado a favor de la propuesta de ley, ha explicado que la iniciativa es necesaria para despejar las dudas en relación con la legislación