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Del “derecho a morir” al “deber de morir”. PDF Imprimir E-mail

(Diario Médico, 27 de febrero de 2009. Publicado en Daily Telegraph el 21 de febrero de 2007)

Imagine que usted tiene cáncer de pulmón. Después de una remisión, las pruebas muestran que el cáncer ha recidivado y es probable que sea terminal. Sin embargo, hay alguna esperanza. La quimioterapia puede prolongar algo la vida, y si hay suerte salvarla. Decide afrontar el tratamiento.
Sin embargo, pronto recibe noticias decepcionantes. Una carta de la Administración le informa de que el coste de la quimioterapia se considera injustificado para el limitado tiempo extra que le proporcionaría. Pero las autoridades no son desalmadas. Añaden que cuando esté listo le pagarán gustosamente el suicidio asistido.
¿Es un escenario alarmista? No. Eso es exactamente lo que les sucedió el año pasado a dos pacientes con cáncer en Oregón, donde el suicidio asistido es legal. Barbara Wagner tenía cáncer de pulmón recurrente y Randy Stroup, cáncer de próstata. Ambos estaban bajo asistencia médica gratuita por parte del seguro médico estatal Medicaid, pero en cuanto tal está racionado. El Estado les negó los tratamientos, pero les dijo que les pagaría el suicidio asistido. "Me quedé de piedra", dijo Stroup a la prensa. "¿Cómo podían no pagar los medicamentos para poder vivir y, sin embargo, ofrecerse a pagarlos para poner fin a mi vida?".
(Wagner recibió los fármacos gratuitos de la compañía farmacéutica que los fabricaba, aunque murió. La negación de quimioterapia a Stroup fue revocada por un tribunal después de que su historia llegase a la prensa).
A pesar de estos casos, los defensores del suicidio asistido continúan insistiendo en que la experiencia de Oregón prueba que puede ser legalizado sin abusos.
Pero cuanto más se sabe de la experiencia real, más inestable es la seguridad. El experimento de Oregón muestra con qué facilidad el "derecho a morir" puede convertirse en un "deber de morir" para las personas vulnerables y deprimidas que tienen miedo a convertirse en una carga para el Estado o sus familiares. Algunos medios británicos han emprendido una emotiva campaña para forzar al Parlamento y a la sociedad a cambiar la ley (la utilización de casos desgarradores, como Debbie Purdy, enferma de esclerosis múltiple, es una estrategia ya habitual). Purdy, a la que volvieron a denegar su petición en segunda instancia, quiere la garantía legal de que su marido no será procesado en caso de que la acompañe a la clínica Dignitas, en Suiza, uno de los pocos países donde el suicidio asistido es legal.
Un estudio publicado el año pasado en Journal of Internal Medicine reveló que en Oregón algunos médicos prescriben fármacos letales para pacientes sin síntomas significativos y que la práctica del suicidio asistido está teniendo poco que ver con la capacidad de aliviar el dolor; no hay que olvidar que el miedo al sufrimiento es un argumento de venta para su legalización.
El informe decía que los parientes de los que piden el suicidio asistido los describen como personas que desean tener el control, que prevén los aspectos negativos de la muerte y creen que la pérdida inminente de la autosuficiencia y calidad de vida serán intolerables. La inquietud ante el futuro pesa más que su situación en ese momento.
Las unidades de paliativos están orientadas para hacer frente a esas preocupaciones. Pero su tarea se ve minada cuando el Estado respalda las sobredosis letales prescritas por el médico.
¿Protegen las directrices a la gente deprimida en Oregón? Apenas. La ley no obliga a tratamiento cuando se sospeche una depresión, y pocos pacientes terminales que piden el suicidio asistido son enviados a las consultas psiquiátricas. En 2008, ninguno de los enfermos que recibieron una prescripción letal fue remitido por el médico para una evaluación de salud mental.
(Wesley Smith, director asociado de Internacional Task Force on Euthanasia and Assisted Suicide)

 

 
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